Venezuela: de las elecciones a la crisis política

Breve reseña de la crisis política:

El 6 de diciembre de 2015 se realizaron las elecciones legislativas en la República Bolivariana de Venezuela, en las mismas, y con una participación del 74% del padrón habilitado para votar, la coalición de oposición MUD (Mesa de la unidad democrática) obtuvo 112 de los 167 escaños a elegir.

Es importante destacar que el poder legislativo de ese país cuenta con una sola cámara, y que esta (a diferencia de lo que sucede en otros países, donde sus miembros se van renovando gradualmente en diferentes procesos eleccionarios) se renueva completamente en cada elección. Por lo tanto, esa victoria implicó que la oposición pasó de ser minoría a tener 2/3 de la Asamblea nacional.

Esto significó un gran cambio en el esquema de poder político en el país gobernado por Nicolás Maduro Moros: Por primera vez desde 1999 la oposición cuenta con el control de la Asamblea Nacional, y además cuenta con una mayoría “calificada” que, entre otras cosas, puede remover a los miembros del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).

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La disputa surge cuando desde el oficialismo venezolano se acusa de la existencia de fraude en el estado de Amazonas, gobernado por la oposición, aduciendo la existencia de pagos a los electores, manipulación del sistema electoral y limitación a personas mayores para ejercer el voto correctamente.

El 30 de diciembre de 2015, el TSJ determinó de forma “provisional e inmediata” que debía dejarse sin efecto la adjudicación y proclamación de los 4 diputados correspondientes a ese estado (3 de ellos pertenecientes a la oposición), perdiendo la oposición (por lo menos temporalmente) las 2/3 partes de la Asamblea Nacional.

La MUD emitió un comunicado ese mismo día poniendo en tela de juicio la capacidad del organismo de tomarse tales atribuciones y ratificando que el 5 de enero de 2016, sus 3 diputados por el estado de Amazonas jurarían con los demás parlamentarios, situación que finalmente sucedió.

Ante ello, el 12 de enero, el TSJ dictaminó que la Asamblea Nacional se encontraba en desacato, que debía realizarse la desincorporación de los diputados por Amazonas, y que todos los actos de la Asamblea Nacional que se hayan dictado o se dictaren mientras se mantengan tales incorporaciones son nulos.

En medio de esta situación, en noviembre de 2016, el gobierno venezolano oficializo mediante decretos firmados por el presidente Maduro la creación de empresas mixtas entre el Estado venezolano y multinacionales extranjeras para explotar recursos minerales en el denominado “arco minero” de ese país, situación que la oposición denomino como “privatización autoritaria y corrupta, que no se puede realizar sin el permiso de la asamblea nacional, y que incluso es contraria a las ideas de Chávez”. (La creación de estas empresas, que según el gobierno invertirían 4000 millones de dólares, se da en un momento en que la situación financiera de Venezuela se ve comprometida por la disminución del ingreso de divisas debido al derrumbe internacional del precio del petróleo).

El 30 de marzo, ya con situaciones de protestas debido a la escasez de productos básicos, el conflicto político y social ingresa en una fase de espiralización luego que, mediante un nuevo fallo, el TSJ autorizara la creación de las empresas mineras cuestionadas por la oposición; además de ello, el TSJ se otorgó a si mismo las competencias de la asamblea nacional, y les quitó la inmunidad parlamentaria a los miembros de dicha asamblea mientras esta se encuentre en desacato.

Estos últimos fallos fueron considerados por la oposición como un golpe al estado de derecho, y generó llamados de atención internacionales de tal nivel que el presidente Maduro debió pedirle al TSJ que revisara sus sentencias del 30 de marzo, generando que el 1 de abril, ese tribunal diera marcha atrás con la disolución de la Asamblea Nacional y les devolviera la inmunidad parlamentaria a los legisladores.

Desde ese entonces la situación no ha calmado, en medio de acusaciones cruzadas, la oposición exige que se convoque a elecciones generales, que se liberen a los detenidos en protestas y que cesen la represión a las mismas. Pero desde el oficialismo niegan la posibilidad de elecciones hasta el año que viene, proponen una reforma a la constitución (de la que la oposición se niega a formar parte), y acusan de terroristas a algunos grupos de la oposición.

La luz al final del túnel para Venezuela se ve lejana luego que el pasado 18 de mayo se le impidiera la salida del país a Henrique Capriles (quien fuera el candidato a la presidencia de la oposición en las últimas elecciones). Para sumar oscuridad a la situación, el canciller de Ecuador debió llamar la atención internacional ante la iniciativa de EEUU de incluir la situación venezolana en reunión reservada del “consejo de seguridad”, donde suelen tratarse amenazas externas, y no conflictos internos de los países.

El sábado, las calles de Caracas se llenaron nuevamente con marchas opositoras y oficialistas. Una postal diaria en el país caribeño.

Vídeo de Chávez sobre disolver la Asamblea Nacional:

 

 

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