El acuerdo con el FMI es ilegal: Macri debe pagarlo

Dice la Constitución, ley última de la República Argentina, en sus artículos:

  • 4to: “El gobierno federal provee a los gastos de la Nación con … los empréstitos y operaciones que decrete el mismo Congreso” (*).

 

  • 75avo: (en el que se enumera una por una las responsabilidades y funciones del Congreso de la Nación): que le corresponde al Congreso: “contraer empréstitos sobre el crédito de la Nación”. Y reitera luego en otro inciso del mismo articulo, para que no queden dudas, que le corresponde al Congreso “Arreglar el pago de la deuda interior y exterior de la Nación”. (*)

Por lo tanto, el poder ejecutivo puede tomar deuda hasta donde el congreso le haya aprobado de manera especifica o de manera implícita en la ley de presupuesto de la nación.

La ley 24.156 de administración financiera del estado prevé lo mencionado en el párrafo anterior, y aclara en su artículo 66 que todos los actos que se realicen en contravención son nulos y sin efecto, sin perjuicio de la responsabilidad personal de quienes la realicen, en este caso, Mauricio Macri y su equipo.

El acuerdo con el FMI no fue aprobado por ninguna ley especial ni implícitamente mediante la ley de presupuesto de 2017 (recordemos además que ese presupuesto preveía variables erróneas y lejanas a un acuerdo con el FMI, tales como que el dólar iba a tener un promedio de cotización de $19,50 durante 2018, o que la inflación iba a ser del 10% anual).

Sectores del oficialismo han justificado el no tratamiento en el Congreso de la toma (colosal) de deuda por USD 50.000 Millones con el FMI, argumentan que, en anteriores acuerdos con ese organismo no se requirió el tratamiento.

¿Es cierto que antes no se requirió el tratamiento?

Sucede que:

Hasta la reforma constitucional de 1994 (estando ya estipulado que era una función del Congreso arreglar los temas de deuda) existían dos leyes que delegaban de distinta manera al Poder Ejecutivo la toma de deuda:

  • Ley 11.672 del año 1935, en su articulo 53 permitía al ejecutivo tomar deuda con organismos nacionales e internacionales de los que forme parte la República Argentina para “realizar inversiones fundamentales para el desarrollo económico del país, declaradas de interés nacional por ley o el Poder Ejecutivo Nacional.

Por lo tanto, incluso estando vigente ese articulo, la toma de deuda con el FMI no podría darse para con los argumentos de apaciguar al mercado financiero ni para otorgarle garantías a sus operadores.

  • Ley 24.156 en su articulo 60 establece que las entidades de la administración nacional no podrán formalizar ninguna operación de crédito público que no esté contemplada en la ley de presupuesto general del año respectivo o en una ley especifica, que debe incluir entre otros atributos, el tipo de deuda, el monto máximo, el plazo mínimo de amortización y el destino del dinero.

El mismo articulo exceptuaba del cumplimiento de esas bases para endeudarse (y tal vez también, aunque está en discusión, de la necesidad de contar con autorización del Congreso) cuando sea el Poder Ejecutivo quien tome la deuda y con organismos financieros internacionales de los que la nación forma parte.

En la reforma constitucional del año 1994 se estableció en el articulo 76 que se prohíbe la delegación legislativa en el Poder Ejecutivo, salvo en materias determinadas de administración o emergencia pública. Y a su vez se incluye en la Cláusula Adicional Octava, que todas las leyes anteriores a esa reforma que contuvieran una delegación de facultades legislativas a favor del Poder Ejecutivo debían ser ratificadas dentro de los cinco años posteriores por una nueva ley.

Desde el año 1999 hasta el año 2009 se sucedieron varias leyes que fueron postergando de manera temporaria la vigencia de aquellas leyes que contuvieran una delegación legislativa. Lo que permitió que el ejecutivo tomara deuda con el FMI sin pasar por el congreso durante ese periodo.

La última prorroga realizada mediante la ley 26.519 del año 2009, en su primer articulo establece que el último tope para la vigencia de la delegación legislativa sería el 24 de agosto de 2010.

En aquel momento los Diputados y Senadores de la oposición (hoy miembros del gobierno) suscribieron a un informe que afirmaba que “A partir del 24 de agosto de 2010 carecerán de vigencia todas las normas preexistentes a la reforma constitucional que concedan facultades legislativas”.

El mismísimo diputado Tonelli escribía en el diario entonces opositor y ahora oficialista La Nación que eso contribuía a la salud de la república. (*)

Por lo tanto, el acuerdo con el FMI, si bien no requirió de autorización del congreso en la crisis de 2001 y posteriores negociaciones debido a las delegaciones legislativas vigentes al poder ejecutivo, hoy si requieren autorización. Hoy el acuerdo es ilegal. Y según la mencionada ley 24.156 de administración financiera, el acuerdo es un acto nulo y sin efecto, por el que deben responder personalmente quienes lo hayan realizado: Macri y equipo.

Hoy 5/9/18 fueron imputados Macri, Peña, Dujovne y Caputo.  (*)

Por Jeremías Toffolo fundamentado en informe adjunto (*) realizado por el abogado Alberto Nallar

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